BOGOTÁ, Colombia.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 22 miembros del Ejército, un funcionario del Estado y dos civiles, por crímenes de guerra y lesa humanidad por “falsos positivos”, una práctica que supuso casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.

Se llama “falsos positivos” al asesinato de civiles, que se informa como si fueran guerrilleros abatidos, con el fin de aparentar operaciones militares exitosas en el marco del conflicto armado.

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Según la JEP, más de 300 inocentes fueron ejecutados por la Brigada XVI entre 2005 y 2008 en algunos municipios de los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá.

Las víctimas eran equipadas con armas, municiones y falsas prendas para hacerlas pasar como guerrilleros o delincuentes muertos en enfrentamientos con la fuerza pública. Los involucrados le daban a esta operación el nombre de “kit de legalización”.

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“Entre los crímenes documentados hay víctimas asesinadas en situación de total indefensión, entre ellos, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. La mayoría fueron hombres de entre 18 y 25 años, aunque que entre los civiles muertos también se encuentran mujeres, algunas de ellas, incluso, embarazadas, consignó el diario colombiano “El Tiempo”, en artículos que reprodujeron medios internacionales, como la británica BBC.

Los reclutadores las incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes. También se seleccionaban perfiles específicos como ancianos, personas con deficiencias cognitivas o en búsqueda de oportunidades”, explicó la JEP. “Bajo estas circunstancias, no medió resistencia de las víctimas. La Sala también encontró prácticas de violencia extrema que reflejan situaciones de malos tratos previos a los asesinatos”, agregó el magistrado Óscar Parra.

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Asimismo, la Sala de Reconocimiento de la JEP señaló que, solo en Casanare, los militares emplearon al menos 140 millones de pesos colombianos (más de 30.600 dólares) de las arcas públicas para financiar sus acciones criminales.

Según explicó el juez Parra, los 22 acusados “llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar a personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate”, y considera que “no se trataba de hechos aislados cometidos de manera espontánea”. (Especial)